La reciente publicación de la nueva Ley de Delitos Económicos (N°21.595), el 17 de agosto de 2023, trae consigo una serie de modificaciones a distintos cuerpos normativos, principalmente respecto del Código Penal y la Ley 20.393 sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. En ese contexto y considerando la relevancia que este tipo de modificaciones normativas tienen para la industria hípica y de entretenimiento, la plana ejecutiva de Club Hípico de Santiago recibió una extensa capacitación respecto a esta nueva legislación y su aplicación la cual tiene un año a partir de su promulgación para entrar en plena vigencia.
Entre las principales modificaciones que contempla la Ley en relación al estatuto de responsabilidad penal de las personas jurídicas, es la sistematización y ampliación del catálogo de delitos por los cuales una persona jurídica podrá responder penalmente, ampliación de las personas jurídicas responsables de delitos, creación y endurecimiento de las sanciones aparejadas a estos, modificación a los factores de atribución de responsabilidad y la exigencia de un modelo de prevención de delitos eficaz de acuerdo con el “giro“ de la empresa.
En ese sentido Club Hípico a través de su gerencia y directorio, ha marcado la pauta de la industria en con respecto a estos temas y es consciente de su exposición a este tipo de ilícitos. Sin embargo la plana ejecutiva evita estancarse y toma acción al respecto. Para ello además se aprovechó la instancia para realizar una actualización y repaso de las políticas de gobierno corporativo de cara a la memoria integrada 2023 que comienza a prepararse de cara a la junta de accionistas del próximo año.
El objetivo principal de este tipo de instancias de aprendizaje además, es delinear la estrategia corporativa 2024, la cual incluye el trabajo con gremios relacionados y un foco especial en la inserción del Club en su entorno tanto en temas sociales como en temas medioambientales.
Por último, en el contexto de estas acciones, el Club ha habilitado un nuevo canal de denuncias acorde a las normativas vigentes en términos de dotar a la institución de los recursos necesarios para que sus colaboradores o públicos relacionados puedan entregar información de forma eficiente, eficaz y, opcionalmente, anónima.
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